EL HERMANO DEL MINISTRO COLOMBIANO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, FABIO VALENCIA, HA SIDO DETENIDO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COMO SOSPECHOSO DE TENER VINCULOS CON EL NARCOTRAFICANTE MAS BUSCADO DE COLOMBIA.

La detención por presuntos vínculos con el narcotráfico y paramilitares de Guillermo León Valencia, ex director de la fiscalía de Medellín y hermano del ministro colombiano de Interior y Justicia, Fabio Valencia, es el ultimo escándalo en el Gobierno de Álvaro Uribe.

Valencia, detenido esta tarde en Medellín, ha sido vinculado al narcotraficante más buscado de Colombia , Daniel Rendón, alias 'Don Mario', hermano del ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán'. La Fiscalía ha confirmado que el hermano del ministro es investigado por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y violación de reserva, así como por falsedad y uso de información privilegiada cuando era director de la Fiscalía de Medellín.

Su captura es el más reciente escándalo que salpica al Gobierno de Uribe, que ha visto cómo su primo y congresista, Mario Uribe, esinvestigado por presuntos vínculos con paramilitares, mientras su ex ministra de Exteriores María Consuelo Araújo renunció porque su padre y su hermano están encarcelados por el mismo motivo.

Un nuevo escándalo para Uribe

Unos 60 legisladores, en su mayoría del sector gobernante, también son investigados por sus supuestos nexos con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ya desmovilizadas. Además, diplomáticos colombianos acreditados en República Dominicana, Chile y México fueron cuestionados por presuntos vínculos o por favorecer supuestamente a paramilitares.

Según cabecillas de las AUC, 14 de ellos extraditados a Estados Unidos en mayo, al menos un 30% del Congreso colombiano elegido en 2002, año en el que Uribe asumió su cargo, tenía relaciones con ellos, y muchos fueron reelegidos en los comicios de 2006.

El jefe del Estado afronta otro escándalo por las denuncias de una ex congresista de que ha recibido prebendas para dar su apoyo a la reforma constitucional que posibilitó la reelección de Uribe en 2006. Diversos sectores sociales también han denunciado un incremento de las violaciones de los derechos humanos con este Gobierno colombiano.

Un informe elaborado por más de 400 organizaciones no gubernamentales y presentado esta semana ante la ONU constató que 13.634 personas murieron en Colombia fuera de combate y como consecuencia de la violencia "sociopolítica" desde que Uribe asumió la Presidencia. De los casos en los que se conoce al autor de esas muertes, el 75,4% fue responsabilidad del Estado, según las ONG.

Se declara inocente.

La detención de Valencia, que se ha declarado inocente de los cargos y quien había sido cesado de la Fiscalía de Medellín en julio, es un eslabón más de una cadena que amenaza con romperse en los estratos más altos de la política colombiana. "Lo importante es que hoy empiezo el proceso en el que voy a demostrar mi inocencia. Llevo mes y medio y le hice diez requerimientos a la señora fiscal del caso para que me atendiera (...), pero esa es la Justicia y la voy a enfrentar", ha asegurado Valencia en la sede de la Fiscalía de Medellín, donde fue recluido.

Su hermano, el titular de Interior y Justicia, ha señalado que "como ministro acompaña respetuosamente la decisión tomada por la Fiscalía General de la Nación, como ciudadano la acata y como hermano expresa su profundo sentimiento de dolor y solidaridad fraterna".

Esta detención coincide con la designación del ministro colombiano del Interior como presidente en funciones de Colombia desde la semana pasada debido al viaje de Uribe a Estados Unidos y El Salvador.

La Fiscalía ha confirmado que el detenido permanecerá en su sede de Medellín mientras prosiga la investigación de unas grabaciones del capo del narcotráfico 'Don Mario' con mandos policiales, en la que se menciona su supuesta relación con el hermano del ministro.

Además de Valencia, también han sido retirados de sus cargos en julio por este caso los generales de la Policía Jesús Antonio Gómez y Marco Antonio Pedreros, así como otros cinco funcionarios de alto rango de la Fiscalía. 'Don Mario', por quien las autoridades ofrecen una recompensa de unos 2,5 millones de dólares, es solicitado en extradición por Estados Unidos.